Energía

La Argentina cuenta con una envidiable dotación de recursos energéticos (gas y petróleo, hidroelectricidad, tecnología nuclear y biocombustibles) que, adecuadamente explotada, es suficiente para asegurar el consumo energético necesario para construir una nación grande. Sin embargo, el país está al borde de una crisis energética debido a regulaciones e intervenciones estatales que desequilibraron el mercado energético, deprimiendo la oferta, reduciendo la inversión y exacerbando la demanda. Además de dificultar el acceso a la energía a personas y empresas, esta política ha tenido un perfil redistributivo regresivo (entregando combustibles baratos a sectores de altos ingresos), entorpeció la generación de conciencia ambiental por parte de consumidores y sesgó nuestra matriz energética hacia los combustibles fósiles (especialmente el gas), que no son renovables y que tienen alto impacto ambiental.

Para crecer de manera sostenible y generar empleos, y para permitir el consecuente aumento del bienestar y del consumo, es necesario invertir en energía. Los precios de la energía deben racionalizarse en forma gradual y protegiendo a los sectores de menores ingresos, eliminando los subsidios con un control de la rentabilidad privada. Esto implica una readecuación de los precios corrigiendo precios relativos distorsionados y la regresividad mencionada. Asimismo, deberán recomponerse rápidamente las condiciones que maximicen la inversión privada local y externa en el mercado local. En el esfuerzo por diversificar la matriz energética, el Estado deberá invertir al menos parcialmente en sectores donde es muy difícil la inversión privada (nuclear, hidroeléctrica) y fomentar la inversión privada en aquellas y otras fuentes de energía (eólica, solar, biocombustibles). Estas inversiones, tanto públicas como privadas, deberán enmarcarse en un plan energético de largo plazo diseñado por la Secretaría de Energía, con órganos reguladores revitalizados, y una estructura impositiva equilibrada y estable que asegure un adecuado reparto de la renta entre todos los actores (Nación, provincias, empresas) y previsibilidad para los inversores.

En particular, debe recomponerse inmediatamente el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista a fin de que sea la inversión privada y no la pública la que determine la expansión de la red eléctrica. En petróleo y gas, se deberán liberalizar gradualmente los precios internos y eliminarse las restricciones a la exportación e importación; se analizará la construcción de una planta regasificadora para reducir la dependencia del gas boliviano; y deberá cerrarse Enarsa cambiando las condiciones para la obtención de permisos de exploración en las cuencas continentales y marítimas.