Justicia y derechos humanos

Un buen funcionamiento de la Justicia es condición necesaria para hacer un país para todos: porque hace a la seguridad pública para todos los argentinos y a la seguridad jurídica que necesitan los inversores, porque es necesaria para una política más transparente y porque es el medio por el que se canaliza el ejercicio de nuestros derechos en todos los ámbitos. Sin una Justicia confiable e independiente no hay igualdad de oportunidades ni verdadera democracia.

La sociedad tiende a criticar a la Justicia por una percepción de falta de independencia respecto del poder político de turno (evidenciado en la escasez de condenas en casos de corrupción), la lentitud de los procesos en casos particulares y el bajo índice de condenas en materia penal. Es necesario asegurar que el sistema judicial funcione de manera justa, igualitaria y eficaz. Para ello es necesario respetar la independencia de los poderes, modificando la composición del Consejo de la Magistratura en consonancia con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional para garantizar la transparencia en los procedimientos de selección y remoción de los jueces. Asimismo, hay que avanzar hacia la informatización de la justicia, a través de la implementación del expediente electrónico y la incorporación de la firma digital a los procesos judiciales para contar con una administración de justicia más ágil y eficiente que brinde a la gente una respuesta rápida a sus reclamos.

Derechos humanos

Una nación grande debe llevar adelante una activa política de defensa de los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional. La Argentina deberá promover la plena vigencia de la democracia y el respeto a las libertades individuales en todo el mundo, condenando las dictaduras y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos más allá del perfil ideológico de los involucrados. El país deberá rechazar las intervenciones bélicas como método de resolución de conflictos internacionales, favoreciendo el diálogo, la negociación y la participación de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Argentina deberá promover una política de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual u origen étnico o racial, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias contra las minorías.

La violencia política es el máximo fracaso de la política y la sociedad. La larga historia de violencia política que sufrió el país es consecuencia de un complejo proceso político, y debe ser condenada y debidamente procesada por la sociedad argentina. El pleno respeto de los derechos humanos deberá ser garantizado por el Estado a través de una Justicia independiente y eficiente y el pleno funcionamiento de las instituciones republicanas.

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