Política económica
Las políticas monetarias, cambiarias, fiscales y tributarias deben apuntar a la creación de un marco de estabilidad que permita el crecimiento, el ahorro y la inversión. Se destaca la necesidad de un tipo de cambio real competitivo con baja inflación y un marco fiscal que sea consistente con una política de desendeudamiento de largo plazo y a la vez impulse el desarrollo sostenible.
Política monetaria y cambiaria
Una nación grande confía en su propia moneda, lo que se logra con una política monetaria y cambiaria que brinde estabilidad y por lo tanto previsibilidad a las personas y las empresas. La política monetaria y cambiaria debe ser consistente con un crecimiento económico sostenible, con bajo desempleo y baja inflación. La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece su plena autonomía de los gobiernos de turno y le impone como objetivo central cuidar el valor de la moneda, que no es otra cosa que controlar la inflación para cuidar el salario real de los argentinos. Cumpliendo la ley, se puede apuntar a una inflación menor al 4% anual, que lograría una verdadera estabilidad macroeconómica. En lo que hace a la política cambiaria, Argentina debe tener un tipo de cambio flotante administrado, para evitar bruscas fluctuaciones provenientes de la especulación. La experiencia indica que es necesario mantener un tipo de cambio competitivo que favorezca el desarrollo exportador, lo que significa llevar adelante una política fiscal prudente y superavitaria que evite la inflación y que permita el desendeudamiento con el exterior.
Política fiscal
La construcción de una nación grande requiere la posibilidad de planificar para el largo plazo, lo que es imposible con políticas económicas y fiscales cortoplacistas como las que ha tenido el país por más de medio siglo. Para salir de la trampa de la política fiscal de corto plazo hay que aplicar el concepto de superávit fiscal estructural. A pesar de contar con la presión impositiva más alta de la historia, en los dos últimos años Argentina pasó de un superávit primario de 4,0% del PIB a un déficit de casi 1,0%. Debemos volver a generar un importante superávit que nos permita una seria política de desendeudamiento del sector público nacional.
Determinando el gasto público según el crecimiento potencial de la economía – y no de acuerdo al crecimiento efectivo proyectado -y considerando el precio de largo plazo de los principales commodities de exportación – y no el efectivo – los gastos fiscales reflejan factores de carácter permanente y no fluctuaciones cíclicas. Así es posible otorgar un carácter contracíclico a la política fiscal, ahorrando cuando es posible y usando ese ahorro en años complicados, permitiendo así llevar adelante una política de desendeudamiento consistente en el tiempo. Esto, junto con una política monetaria creíble, nos permitirá colocar deuda pública de mediano y largo plazo en nuestra propia moneda en los mercados en poco tiempo, lo que permitirá reducir el riesgo de desestabilización o default ante variaciones en el tipo de cambio.
Sistema tributario
No se puede construir un país para todos si todos no pagan los impuestos correspondientes. Debe reformarse el sistema impositivo para reducir la regresividad, las distorsiones y la evasión y elusión existentes hoy. En el nuevo sistema deberá crecer el peso de impuestos directos (como el Impuesto a las Ganancias) por vía de una ampliación de la base tributaria y decrecer el de impuestos indirectos (como el IVA) para aumentar la progresividad del sistema y aumentar así la equidad. A la vez, esto permitiría reducir las tasas impositivas excesivas que padecen quienes cumplen con todas sus obligaciones. Para ello habrá que recorrer un sendero de formalización y combate a la evasión que acompañe el crecimiento económico y el aumento en los ingresos personales. En cuanto a los impuestos distorsivos surgidos a partir de la crisis de 2001, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las retenciones a la exportación hoy representan en conjunto 18% de la recaudación nacional y 4,4% del PIB. Estos impuestos atentan contra la bancarización y por lo tanto la formalización de la economía, a la vez que castigan al exportador. Debido a su magnitud, no sería posible eliminarlos de forma inmediata aunque sí gradualmente. En este sentido, al ser impuestos de baja evasión (sobre todo el de débitos y créditos), una posibilidad es crear un programa para tomarlos a cuenta de otros impuestos.
Ver más noticias del área