Servicios públicos y telecomunicaciones
En un país para todos, el Estado tiene el deber ineludible de asegurar a los habitantes una prestación eficiente de los servicios públicos, procediendo necesariamente a su regulación, control y permanente vigilancia en función del bien común. Cada servicio público y cada región del país tienen sus particularidades, por lo que las condiciones de su funcionamiento y regulación deberán ser estudiadas caso por caso. No importa si una empresa determinada es estatal o privada, sino que cumpla con sus objetivos sociales de manera eficaz y eficiente.
El panorama actual de los servicios públicos presenta un alto grado de incertidumbre: entes reguladores deficientes, discrecionalidad y alteración permanente en las reglas de juego, distorsiones generadas por participación gubernamental, altos costos del servicio y accesibilidad pública obstaculizada por diversos factores. Todo ello desemboca en una falta de horizonte que se refleja principalmente en la ausencia de inversiones en los distintos sectores y hace necesaria una reforma integral (aunque gradual) en los servicios públicos. Es necesario avanzar en transformaciones que vayan cimentando bases sólidas y así permitir el establecimiento de marcos regulatorios serios, claros y acordes con las exigencias del interés público y las propias del mercado en que se está inmerso, entes reguladores eficientes, instauración de mecanismos para el real mantenimiento de las infraestructuras para la prestación eficaz y eficiente de los servicios, la implementación de mecanismos que permitan equilibrar razonablemente las asimetrías entre el costo de la prestación y el valor del servicio y diseñar un esquema de expansión de las redes acorde a las necesidades del país, entre otros aspectos.
El Estado, una vez más debe asumir un rol activo incentivando desde diferentes perspectivas el desarrollo y mejora del servicio público, desarrollo que, para que obtenga los efectos esperados, debe considerar fundamentalmente las reglas económicas propias del mercado de las que es imposible abstraerlo.
Telecomunicaciones
Las telecomunicaciones son clave en la construcción de una nación grande ya que permitirían aumentar la productividad e insertarse en el mercado internacional con empleos de conocimiento y alto valor agregado. Actualmente, a pesar de un marco regulatorio (Decreto 764 / 2000) que levantó las barreras legales, en la práctica se suspendió la entrega de nuevas licencias y el congelamiento tarifario impuso una barrera de facto a la entrada de nuevos operadores. Servicios como el Triple Play (TV, telefonía e internet a través del protocolo IP) requieren anchos de banda de alrededor de 20 Mbs por acceso, por lo que debe fomentarse la inversión en capacidad: se requieren fuertes inversiones en fibra óptica, en acceso a la interconexión internacional (cables submarinos) y en servicios para dotar de ancho de banda a la telefonía móvil (internet móvil), que es adonde apunta la demanda futura. Para esto hay que proveer un marco regulatorio que promueva la inversión, con un esquema de regulación ex ante como en Europa, donde los precios de todos los servicios son libres a menos que haya una posición dominante en un mercado en particular que requiera la fijación de tarifas.
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