Trabajo y seguridad social
Un país para todos significa más y mejores empleos, con un aumento sostenible del ingreso real de los trabajadores, y un mercado de trabajo meritocrático y solidario donde no se discrimine por sexo, religión, raza o ideología.
Las normas e instituciones que regulan el mercado de trabajo deben promover el empleo y la productividad, proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales y los vaivenes económicos, eliminar la discriminación asegurando una compensación justa de acuerdo al esfuerzo y valor agregado del trabajador y conducir a relaciones laborales cooperativas que incentiven la inversión y capacitación de la fuerza laboral.
El actual mercado de trabajo argentino se encuentra lejos de cumplir estos objetivos. En el primer trimestre de 2010 había más de un millón y medio de desempleados y muchos de los ocupados contaban con empleos precarios. Asimismo, según cifras oficiales, el 36% de los asalariados no está debidamente registrado. Los salarios reales se han reducido en los últimos años como consecuencia de la inflación y existen grandes disparidades salariales entre trabajadores con similares calificaciones. Las relaciones laborales distan de ser cooperativas. Nuestro país es – después de Ecuador – el de mayor conflictividad laboral en la región, y la mayoría de los trabajadores no se siente representado por los sindicatos.
Es necesario contar con normas laborales que brinden seguridad y flexibilidad, reduciendo los impuestos al trabajo (y aumentando los impuestos directos) y simplificando las trabas que dificultan la creación de empleo formal. Hay que promover el cumplimiento con la normativa a fines de expandir la protección del trabajador y reducir la competencia desleal entre empresas. Es necesario reformular los programas de empleo y capacitación, para que dejen de ser un instrumento de clientelismo político y se conviertan en mecanismos que conduzcan a la reinserción productiva de la persona. Las negociaciones salariales deben desarrollarse en un clima de sensatez y genuino progreso social sin perder de vista los objetivos concurrentes de aumentar la productividad de la economía nacional y de aumentar de manera sostenible el ingreso real de los trabajadores.
Seguridad social
En una nación grande la seguridad social es una herramienta eficaz para promover la solidaridad inter e intra generacional brindando cobertura contra la vejez, los accidentes y enfermedades laborales, y protección contra el desempleo.
Sin embargo, la historia previsional argentina es una muestra más de cortoplacismo político y debilidad institucional. Por un lado, durante décadas el Estado incumplió su promesa con los jubilados erosionando los ingresos reales por medio de la inflación y excluyendo a un gran número de argentinos que no trabajaban en el mercado formal. Por otro lado, se introdujeron regímenes de privilegio y normas actuarialmente insostenibles a la luz del cambio demográfico.
El intento de resolver la cuestión por vía de la privatización del sistema previsional fracasó debido a la crónica insolvencia fiscal que derivó en la compra forzada de deuda pública por parte de las AFJP, la posterior crisis económica que derivó en un default de las obligaciones del Estado y concluyó con la confiscación de los ahorros previsionales de los aportantes. Dada la magnitud del gasto previsional, y la recurrencia de déficits en el sistema, éste ha sido un factor importante en todas las crisis económicas que hemos sufrido.
En la actualidad, la promesa de una jubilación digna está nuevamente cuestionada por la creciente inflación y el manejo discrecional de los fondos de la ANSES. Para asegurar el ingreso de nuestros jubilados es imperioso recuperar la solvencia fiscal del Estado, garantizar el control efectivo de la inflación y generar mecanismos de transparencia y control parlamentario de la administración de los fondos jubilatorios. Por otra parte, se deberá facilitar el ahorro privado de los individuos fomentando de esta manera el desarrollo del mercado de capitales.
Los restantes seguros sociales tampoco cumplen adecuadamente los objetivos. Los trabajadores informales, que son en su mayoría los de menores ingresos, no tienen obra social, ni cobertura contra accidentes laborales o seguro de desempleo. Es decir, se excluye a los que más necesitan de la protección erosionando la solidaridad del sistema.