Transparencia y calidad institucional

Para hacer una nación grande es necesario el funcionamiento de las instituciones; sólo así es posible, en un marco pluralista canalizado institucionalmente, encontrar los consensos de largo plazo que permiten la generación de políticas de Estado. Un país para todos es incompatible con la concentración de poder por fuerzas hegemónicas que gobiernan adoptando medidas populistas y autoritarias de corto plazo.

Nuestras prácticas políticas parecen condenarnos a la hegemonía o a la inmovilidad facciosa. Una y otra vez la Argentina ha caminado por el mismo derrotero: se constituye una hegemonía que se considera destinada a gobernar por décadas; mientras dura su poder, el Congreso se convierte en un trámite o es simplemente ignorado con el uso abusivo de los DNU; el Poder Judicial es presionado para obtener fallos favorables a los personeros del poder (más aún con un Consejo de la Magistratura dócil al ejecutivo); los gobernadores son mendigos del presidente, y el progreso de las provincias depende de la dádiva de la Casa Rosada, socavando la autonomía política y económica de los estados locales que pregona nuestra Constitución Nacional. A los pocos años, la hegemonía se resquebraja y pasamos a la lucha facciosa y a la inmovilidad política, hasta que surge una nueva hegemonía que da un viraje de 180 grados en el sentido de las políticas pero manteniendo las mismas formas.

Recuperar las instituciones no es una necesidad “moral” sino política: sólo así se puede crecer de manera sostenible. Para recuperar la vigencia del Estado de Derecho, de las libertades individuales y una verdadera división de poderes que funcione con apego a la legalidad y donde existan un equilibrio real y controles efectivos, es necesario desarmar el andamiaje legal y político que ha permitido la concentración de poder en manos del Presidente y ha destruido la escasa institucionalidad y el poco federalismo que existía. Esto no requiere cambios fundamentales en la legislación, sino cambios fundamentales en la práctica para establecer los frenos y contrapesos que fija la Constitución Nacional.

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